La democracia pierde sus definiciones

El concepto y contenido de la democracia exige análisis complejos, posiblemente solo adecuados para estudiantes que cursaron la carrera de "Ciencias políticas", en otra época, cuando alumnos de otras áreas la consideraban una especialidad evanescente y poco interesante: lo que entonces se llamaba, aplicado a asignaturas de relleno, "una María". Pero, como reacción, los alumnos así ofendidos solían responder titulándose a sí mismo orgullosamente como "politólogos", por más que la palabrita fuera de difícil comprensión para el ciudadano corriente.

    Como yo cursé otros estudios, solo me remito al sentido común para expresar mis enormes dudas, en la realidad de cada día, sobre la política de los gobernantes, tengan estos o no alguna "ciencia" que alumbre sus actividades en lo que tienen de vacilantes, incompletas, contradictorias... si me atengo a la situación del país. Pues, visto lo actuado políticamente en España, la política práctica parece haber recurrido a influencias caóticas sacadas de un Maquiavelo inconsistente; o bien, porque recurren a un cóctel de ideas históricas no juntas pero sí revueltas; o por la pura y simple causa de su ascensión fácil a un Poder que les han regalado los votantes que, por su lado, es evidente que no somos "politólogos".

    Porque ¿Cómo entender la situación actual de la democracia, aquí y ahora? La democracia es la vía legal por la que la población confía la administración de su país a gestores que, en su propaganda electoral, han afirmado públicamente tener habilidades funcionales para dirigir el territorio, dotaciones programáticas para mejorarlo, formación y capacidad suficientes para resolver con calidad la gestión de recursos y población. Sin saberse en principio, como ocurre en todas las ideologías, si se van a respetar las promesas y cumplir los compromisos.

     Administrar un país es un encargo trascendental que requiere exactitud y corrección, además de un fiable sistema de control sobre quienes van a gestionar el Poder, para garantizar resultados correctos (y no me refiero al control de un organismo oficial sobre otro organismo oficial, en un gobierno mayoritario). El control legítimo debe implicar la garantía de que las promesas lanzadas con el calor previo a las elecciones se cumplan tal como se prometió. En resumen, la propaganda que dieron debería exigir ser consecuentes con lo ofrecido y mantener la atención gubernamental enfocada en el desarrollo y los fines comunes, porque si no ¿para qué sirven?, ¿para enredar las cosas públicas, no representar al país con dignidad y frustrar muchas expectativas ciudadanas, entre ellas cuestiones constitucionales, como el pleno empleo, por ejemplo?

    Ahora les voy a ofrecer unas definiciones legales  directas, procedentes de la página oficial del gobierno titulada "administracion.gob.es", "punto de acceso general" y "carpeta ciudadana", que he tenido a la vista. Les incluyo mi propio "análisis" irónico del estado actual de los contenidos principales de esa carpeta ciudadana, plasmado de modo esquemático con mi concisa opinión entre paréntesis y cursivas:

"España es un Estado democrático (¿?), de derecho (¿?) y de bienestar (¿¿??) con una economía de mercado (¡!)".

"El sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional (¡...!), la división de poderes (¿?) y un sistema parlamentario (¿...?).

La soberanía nacional corresponde al pueblo español, todos los ciudadanos son titulares del poder público (¿¿??) y de él derivan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial (¿¿¿...???).

    Como pueden comprobar, mi falta de formación "politóloga" me ha sumido en la perplejidad frente a esos derechos sociales, después de compararlos con la situación actual, y solo he podido expresar mi opinión, en cada caso, con mis silenciosos paréntesis. Para no cansar al lector, ahora voy a seguir ya sin recurrir a ellos, con extractos de la segunda página del documento oficial que se refiere a la Constitución española:

"Los valores de nuestro modelo de convivencia son la libertad, justicia, igualdad, solidaridad, pluralismo político, dignidad de la persona y el respeto (a) los derechos fundamentales y a las libertades públicas".

    Pues, querido lectores, parece que yo lo vengo percibiendo desde hace meses como una libertad tambaleante, una justicia vacilante, una igualdad desigual, una solidaridad que en nada se aplica a nuestro país, un pluralismo político que es un exclusivista bipartidismo con toques exóticos, la dignidad de la persona será la que la persona se otorgue a sí misma y el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas, parece manejado por "quien corresponde" con extrema torpeza y... precisamente con falta de respeto a los derechos y las libertades. 

 Luego, el propio documento cita como derechos fundamentales de las personas:

"... la igualdad, no discriminación, libertad ideológica, religiosa, sexual, de expresión, enseñanza, reunión, manifestación, asociación, partidos político (sic), sindicados (sic), asociaciones empresariales, huelga... propiedad privada y libertad de empresa". Como han visto, con un par de erratas incluidas.

    Total, que las definiciones y conceptos teóricos, si no se aplican puntualmente, no sirven para nada o sirven para algunas cosas, pero indeseables. Y en la práctica y en la realidad del día a día de todo el desastroso año 2020, pronto a finalizar, lo habido ha sido: confinamiento, desabastecimiento, trastornos laborales, aumento del paro abierto o encubierto, desplome del sector de la pequeña empresa, un teletrabajo instalado a toda prisa y sin normas, la formación de estudiantes resuelta con media jornada colegial, la atención sanitaria en los centros básicos de salud prácticamente colapsada, ciudades medio cerradas, la pandemia que no cesa y se incrementa, el consumo en declive, el sector de la construcción (un impulsor económico clave en el país) prácticamente inactivo. Y el otro impulso centralizador de la economía, que ya está ausente: adiós, turismo, adiós.

   Y cuarenta mil muertos por la pandemia, desde marzo pasado. Que ya son, probablemente, o lo serán, bastantes más.

    Si tienen curiosidad por la citada guía rápida de principios constitucionales, he incorporado su título al principio. Aunque el gobierno, a pesar de los más de 500 asesores que nombró libremente cuando consolidó su subida al poder (y de los que no sabemos a qué se dedican), ha añadido otra Comisión de desconocidos miembros para "estudiar" el cambio de hora anual, sin otros resultados. Y después otra Comisión para la "desescalada" (... de la pandemia) igualmente sumida en la incógnita sobre sus identidades y actividades, sin olvidar un Comité de expertos sanitarios que se jalearon mucho como mérito de la lucha contra la pandemia, y que luego resultó que no existía tal comité. Sin embargo el gobierno, entre tanta plantilla de personal incorporado, no tiene un útil corrector de estilo que revise las páginas oficiales que llevan su sello, dadas las erratas detectadas arriba que he señalado con su (sic) correspondiente.

        Una calidad de texto adecuada a la situación del país: poca y mala.

    La próxima entrada, amigos, en dos semanas, el sábado/domingo 1 de noviembre.